Informe presentado al interior del Ejecutivo apuntaría que Ley de Promoción Agraria no ha mejorado la productividad ni hay mejoras significativas en los ingresos de los trabajadores agrícolas.
(Agraria.pe) Si bien la mayoría de gremios vinculados a la agroexportación demandan que el Gobierno incluya en el próximo pedido de delegación de facultades al Congreso la prórroga de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), el Primer mandatario hizo saber los reparos que tiene en relación a esta norma que, según los empresarios, ha sido la base del desarrollo agroindustrial peruano.
“EsSalud manifiesta que el aporte de los trabajadores del régimen agrario está generando una deuda cada vez más grande en el sistema de salud. Hay que ver cómo se mantienen las ventajas del régimen agrario para la actividad agroexportadora, pero también cómo se cubre ese problema que está generando en EsSalud; eso es algo que habría que analizar de manera puntual”, declaró en el programa Cuarto Poder.
El presidente agregó que reconoce que la solicitud de prórroga de la Ley de Promoción Agraria es un tema importante y necesario, pero que se tiene que trabajar primero en una propuesta que sea derivada al Legislativo.
Informe altamente crítico
Además, según refiere el diario Gestión, un informe presentado al interior del Ejecutivo habría detallado que la norma tiene un enfoque en la reducción de costos laborales por trabajador y no en la mejora de su productividad, dado que predomina el autoempleo.
Asimismo, precisan que en el sector agrario 8 de cada 10 asalariados privados se encuentran en condición de informalidad laboral.
En esa línea, apunta que quienes realmente se beneficiaron con mayor rentabilidad fueron los segmentos empresariales que estaban en capacidad de asumir los costos laborales derivados del régimen laboral general: principalmente productores de la costa y agroindustriales.
Si bien se reconoce que desde que se promulgó la Ley de Promoción Agraria hubo un impulso en la contratación de personas, se observa que desde el 2007 el ritmo de crecimiento se estabiliza. Además, un aspecto que destaca el informe es que el número de trabajadores con contratos bajó en 26%, si se compara los años 2008 y 2017.
Otro de los mayores efectos en la contratación temporal ha sido, además de la alta rotación o la afectación en la tasa de sindicalización, que se produjo el estancamiento en las remuneraciones reales promedio. Además, una menor cobertura efectiva en los mecanismos de protección social en salud y pensiones, con una aportación de 4%, versus el 9% de otras actividades, que es lo que impacta en la estabilidad financiera de EsSalud como declaró el mandatario.
En el caso de la CTS, el informe detalla que se ha desnaturalizado, ya que los aportes se incorporan como parte de las remuneraciones de los trabajadores.
En el informe se expone que las empresas grandes son las que más utilizan este tipo de contratación laboral, bajo el régimen agrario.
De las 1,205 empresas que estaban incluidas en el régimen agrario, 15 de ellas (1.2%) concentraban en el 2008 al 42% de trabajadores comprendidos en el régimen laboral agrario, elevando esta concentración al 49.4% en el 2017.
“De estas 15 empresas, solamente 1 tenía menos de 100 trabajadores en el 2008. En el 2017 se consolidan todas con 3,678 trabajadores como mínimo y 21,664 trabajadores como máximo”, detallan.
Estos datos son los que enfrentan a dos bandos al interior del Gabinete: quienes piden la continuidad de la norma y los que solicitan estudiar sus impactos en el tema laboral. Por ello, el Gobierno se tomaría inicialmente 60 días para analizar el futuro de este instrumento.
