En el 2014 el Ministerio de Agricultura realizó un estudio comparativo de precios entre un agroquímico genérico y uno de marca y estableció que el último tenía un precio promedio tres veces mayor. Los agroquímicos representan entre el 15% y 20% en la estructura de costos de un cultivo.
(Agraria.pe) En 2015, representantes de la industria de agroquímicos presentaron una acción de inconstitucionalidad (Exp.011-2015-AI) contra el artículo 3 de la Ley N° 30190, que busca impedir que las asociaciones de productores agrarios puedan importar plaguicidas genéricos fiscalizados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Se está a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional.
Al respecto, el gerente general de la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (Provid) y director ejecutivo del Instituto Peruano de Espárragos y Hortalizas (IPEH), Carlos Zamorano Macchiavello, señaló que lo que busca el sector de la industria de agroquímicos es volver a condiciones de oligopolio para importar solo ellos los productos y comercializarlos a precios por encima de su valor.
“En el 2014 se consiguió que se modificara la Norma Andina 436, y eso abrió el camino para que de acuerdo a la normativa actual, los países miembros estén en capacidad de regular como mejor les parezca, y sobre esa base el Congreso de la República del Perú dio la Ley 30190 que regula la importación de agroquímicos”, sostuvo.
Indicó que los demandantes han tratado de sorprender al Tribunal Constitucional al indicar que la Ley 30190 se contraponía a la Norma Andina 436, cuando eso es falso toda vez que dicha norma fue suspendida y luego se dio la ley del Congreso, para después aprobarse la nueva Norma Andina donde señala que los países miembros pueden resolver como mejor les parezca.
Agregó que otra falacia de la industria de agroquímicos al Tribunal Constitucional es que los plaguicidas genéricos, tal como se importan, puedan afectar a la salud de las personas y del medio ambiente. Sobre este punto, Zamorano dijo que el actual procedimiento conocido como AIU (Agricultor-Importador-Usuario) es más seguro que el que usa la propia industria de agroquímicos.
Explicó que la industria de agroquímicos comercializa sus productos en puntos de venta para el agricultor, sin embargo no conoce luego la disposición final del envase vacío, que puede terminar tirado en el campo porque no están sujetos a ninguna norma; esos envases son recogidos por otra persona la cual realiza una inadecuada limpieza y reutiliza dicho recipiente incluso para almacenar alimentos.
Mientras que el sistema que utilizan los gremios agrarios consiste en comprar para sus asociados la cantidad de agroquímico genérico solicitado para un número de hectáreas (de acuerdo a la dosis y aplicación), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) realiza un análisis para verificar que la cantidad solicitada sea la adecuada (para evitar una posible reventa), luego se importa el producto y la empresa asociada debe darle una adecuada disposición del envase. Con esto el Senasa se asegura saber quién trajo el producto, para qué lo trajo, cuánto se trajo. Además, si la empresa hace un mal uso del envase no recibe el certificado que le permite exportar.
La gran virtud de la Ley 30190 es que estable precios competitivos
En otro momento, Carlos Zamorano dijo que en 2014 el Ministerio de Agricultura hizo un estudio comparativo de precios entre un agroquímico genérico y uno de marca y estableció que el último tenía un precio promedio tres veces mayor.
Asimismo, dijo que los agroquímicos representan entre el 15% y 20% en la estructura de costos de un cultivo. “Es decir este tema te hace o más o menos competitivo, es un costo que es interesante controlar para la contabilidad”.
En ese sentido, señaló que la gran virtud de la Ley 30190 no es que permita importar, sino que al permitir la importación se crea un mecanismo de válvula de control para que nadie pueda abusar de los precios.
“Antes las empresas establecían un precio a su antojo y no había más alternativa, pero ahora como ya se puede importar ha originado que los precios desciendan. Lo que quiere la industria es cerrar la posibilidad de importación con lo cual se vuelve al oligopolio y puedan establecer el precio que desean por ser la única posibilidad de adquisición. La ley 30190 permite generar condiciones de competencia y de mercado, nada más”, finalizó.
